Sin ellos, se perdería una herramienta fundamental para el cambio, ya que impulsan la participación ciudadana y el desarrollo de soluciones sostenibles. Estos son los lugares donde fluye el diálogo y donde las personas se organizan para pedir una gobernanza justa y transparente. Estos son los terrenos donde nacen las ideas susceptibles de transformar el futuro.
Sin embargo, en muchas partes del mundo, estos espacios están amenazados. En contextos en los que los países imponen barreras a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos algunos Miembros de la UICN, las restricciones pueden ser severas: limitaciones de sus actividades, cierres legales, obstáculos en el acceso a la financiación internacional y exclusión de los procesos de toma de decisiones. En casos más extremos, esto conduce a amenazas, criminalización e incluso al asesinato de defensores ambientales, un aumento de los conflictos y la impunidad de los delitos. En este escenario, proteger la naturaleza se convierte en una tarea aún más peligrosa.
La UICN ha reconocido la importancia de proteger a los defensores ambientales a través de diversas Resoluciones, como la 18.2 (1990), 17.9 (1988), 5.003 (2012), 3.081 (2004) y WCC-2020-115 (2021), que destacan la relevancia de la gobernanza, las alianzas y la protección de los defensores e informantes ambientales. Sin embargo, también es crucial abordar el contexto más amplio en el que operan, como parte de un enfoque integral de la agenda de derechos que, tras la adopción del Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Biodiversidad (MMB), ha ganado visibilidad y relevancia.
Dentro de la comunidad de la UICN, algunos de nuestros miembros y sus aliados en el campo han experimentado las limitaciones del espacio cívico, incluidos casos en que sus actividades, e incluso sus organizaciones, han dejado de existir. Esta situación presenta un claro desafío: la UICN debe fortalecer su apoyo a sus miembros y tomar medidas concretas para proteger estos espacios cívicos esenciales.
Tal ha sido el caso del Comité Nacional de la UICN de Nicaragua, reconocido por la Unión desde 2005 y aún compuesto por tres ONG en 2023. Sin embargo, unos cambios regulatorios en el país llevaron a la cancelación del estatus legal de miles de organizaciones, incluidos algunos Miembros de la UICN. Si bien este caso ha llamado la atención, se han producido restricciones o represalias similares en otras regiones contra quienes trabajan para la conservación de la naturaleza.
Reconociendo esta urgencia, el Grupo Mundial para el Desarrollo de Comités Nacionales y Regionales de la UICN ha promovido una moción: Fortalecer los espacios cívicos seguros para cumplir con el Marco Mundial para la Biodiversidad. Esta moción busca no solamente responder a las amenazas sino también prevenirlas a través de un protocolo de asistencia inmediata, un sistema de alerta temprana para espacios cívicos en peligro y estrategias para desarrollar la capacidad de los Comités Nacionales para defender estos espacios. Además, llama a los gobiernos a ratificar e implementar acuerdos clave, como los Acuerdos de Aarhus y Escazú, y exige que el sector privado adopte prácticas éticas que respeten estos espacios.
Sin espacios cívicos seguros, la capacidad de luchar contra el cambio climático y alcanzar los objetivos del MMB y los ODS se ve comprometida. Sin una participación ciudadana efectiva, la conservación pierde a uno de sus mayores aliados: las comunidades y organizaciones que trabajan sobre el terreno.
El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025 será crucial para reafirmar que la conservación debe seguir siendo un esfuerzo colectivo, donde se escuchen todas las voces. Proteger estos espacios no sólo es urgente, sino también esencial para lograr la visión de la UICN: “Un mundo justo que valore y conserve la naturaleza”.
Créditos fotográficos:
CS1: Raquel Jiménez Acosta durante la COP15 del CDB en Montreal.
CS2: Frida Murillo, tomada durante un proceso participativo en Morelia en 2019.